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El más rico del planeta no es Bill Gates. Tampoco el multimillonario mexicano Carlos Slim ni Amancio Ortega. Por delante de ellos se encuentra una troupe de dictadores que, tras las revoluciones que se han desatado en las naciones árabes desde comienzos de año, parecen ver tambalear sus regímenes. Más difícil, sin embargo, se presenta arrebatarles su botín –escondido en paraísos fiscales y sociedades fantasma–, que han amasado a golpe de expolios financieros y a costa de hacer más pobres los países que lideran.
Se llama Carlos Slim. Entre otras empresas, es propietario de la principal compañía telefónica mexicana, Telmex, y de la multinacional fabricante de los cigarrillos Marlboro. Su buen ojo como empresario le ha convertido en el hombre más rico del planeta. Así lo atestigua el tradicional ranking de la revista Forbes, que reconoce además su capacidad para generar dinero incluso en tiempos de crisis, pues entre 2008 y 2010 su fortuna aumentó de 11.100 a 36.500 millones de euros...
Pero quizá Forbes se equivoque y Slim no sea el más acaudalado de la Tierra. Tampoco el propietario de Zara, Amancio Ortega, ni tan siquiera Bill Gates, el gurú de Microsoft. Por encima de estos emprendedores que han logrado despuntar por su habilidad para las inversiones, su mirada visionaria en la industria textil o su pericia en la informática, se encontraría un clan de dictadores que han amasado fortunas con una lista interminable de ceros, a costa de sumir a pueblos enteros en la pobreza. Sus nombres son aún más familiares que los anteriores. Jean Claude Duvalier en Haití, Robert Mugabe en Zimbabue, Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial, Zine el Abidine Ben Alí en Túnez, Omar al-Bashir en Sudán, Hosni Mubarak en Egipto, Laurent Gbagbo en Costa de Marfil... Algunos han entrado ya en las enciclopedias bajo el epígrafe de “cleptócratas”, como ocurre con Suharto, Reza Palevi, Husein, Mobutu o Milosevic.
Precisamente han sido esa querencia por el blanqueo de capitales, la malversación de bienes públicos y la corrupción generalizada en sus respectivos países de origen algunos de los desencadenantes de la oleada de protestas populares que se han producido desde comienzos de este año y que ya han acabado con los Gobiernos de Túnez y Egipto, y tienen contra las cuerdas, entre otros, al régimen libio. “El reino de la corrupción y del clientelismo ha destruido mucha buena voluntad”, explica Vincent Landel, arzobispo de Rabat y presidente de la Conferencia Episcopal Regional del Norte de África.
El Banco Mundial calcula que cada año los gobernantes corruptos se apropian de entre 14.700 y 29.400 millones de euros de las arcas públicas; un saqueo que se ceba especialmente con África, Medio Oriente y Latinoamérica. Esta cuantía se correspondería con el 20 y 40% del presupuesto anual de ayuda al desarrollo de la ONU. En el caso del continente negro, el dinero que vuela en manos de sus responsables políticos supone la cuarta parte de las arcas públicas de todos los países que lo forman. Así las cosas, y por poner un ejemplo, la organización Transparencia Internacional denuncia y detalla cómo el presidente tunecino derrocado, Zine el Abidine Ben Alí, controlaba hasta el pasado enero entre el 30 y el 40% de la economía del país norteafricano.
Las revoluciones en los países árabes han derrocado a algunos de estos dirigentes corruptos. Bastante más complicado resulta echarles el guante para que todo el dinero que se ha exiliado con ellos vuelva y revierta en beneficio del pueblo que desvalijaron. Los propios analistas económicos encuentran dificultades para calcular el expolio cometido en cada caso, debido a que este dinero permanece escondido en paraísos fiscales, está repartido entre toda su familia o camuflado a través de sociedades fantasma. Es el caso del ex presidente egipcio Hosni Mubarak, que estuvo al frente del país durante tres décadas, hasta que el pasado 11 de febrero renunció a su cargo debido a la presión social. Las cifras se mueven, según el cálculo de los especialistas, entre los 20.600 y 48.000 millones de euros.
Blanqueo en familia
Lo cierto es que solo las cuentas que la familia de Mubarak tenía en el Banco Nacional Suizo –el Ejecutivo de este país decidió congelarlas a finales de 2009– guardan 2.400 millones de euros, a lo que habría que sumar las cantidades escondidas en otros paraísos fiscales, apartamentos de lujo, palacios, tierras de cultivo y diversos bienes en Reino Unido y Estados Unidos. Ahora, encarcelado junto a sus dos hijos, se enfrenta a un juicio por abuso de poder y enriquecimiento ilícito, después de que la Agencia Tributaria egipcia haya constatado, en apenas unas semanas, que su fortuna no coincide con lo que la familia declaraba al fisco.
Este afán de acumular por parte del faraón caído se traduce en excentricidades en el caso del libio Muamar el Gadafi, de quien se dice que podría tener un capital que se movería en torno a los 117.000 millones de euros, toda vez que, solo en el fondo de inversiones Libyan Investment Authority, su familia controla unos 38.300 millones y que Estados Unidos les ha congelado unos 13.700 millones. Se trata de la mayor intervención en materia económica que el Ejecutivo norteamericano ha llevado a cabo en su historia. A esto hay que unir que Reino Unido también les ha congelado 55.000 millones de euros; Italia, 4.800 millones; Austria, 820 millones; Suiza, 435 millones; y Alemania, 340 millones.
Con este capital, resulta fácil comprender que, una y otra vez, Gadafi proclame en sus discursos soberanistas aquello de “yo soy Libia”, teniendo en cuenta que la economía del país está literalmente en manos de los suyos, utilizando el derroche y la distinción como símbolos de poder ante su pueblo y el mundo. Más que conocido es el tren de vida que lleva su hijo Mutassim, que pasa por veranear en la isla de San Bartolomé y contar un día sí y otro también con fiestas privadas en las que actúan, para una decena de personas, artistas como Mariah Carey, Beyoncé o Bon Jovi. Aunque quizá el episodio más rocambolesco sea el vivido por el menor de sus hijos, Hanibal, en Suiza en el verano de 2008, cuando fue detenido en Ginebra por agredir a dos empleados de un hotel. El suceso desencadenó una crisis diplomática tal que llevo a la detención “porque sí” de dos empresarios suizos que se encontraban en Libia y a desviar todas sus “ganancias” a otros enclaves; especialmente a Italia, donde el líder libio cuenta con participaciones en empresas como FIAT (2%), el equipo de la Juventus (7,5%) y la petrolera ENI (1%). La obsesión por repartirse la fortuna antes de tiempo llevó a los herederos de Gadafi a tal enfrentamiento que en los memorandos de la diplomacia estadounidense, interceptados por WikiLeaks, se reconoce que los ocho vástagos del dictador viven inmersos en unas “guerras internas” tales que “proporcionan a los observadores locales los cotilleos suficientes para hacer una telenovela”.
En esta misma línea de familiares aferrados al dinero ajeno estaría Leila Trabelsi, mujer del derrocado presidente de Túnez, Ben Alí. Antes de iniciar una huida a matacaballo del país, le dio tiempo a pasar por el Banco Central y llevarse en el equipaje 1,5 toneladas de oro en lingotes. ¿Su destino? Desconocido, si bien los dictadores suelen mirar a países como las Islas Caimán, Luxemburgo o Suiza cuando ya no pueden esconder el dinero bajo la almohada. O mejor dicho, “solían mirar”. Y es que las continuas críticas a este último país por ser cómplice de estos dictadores han llevado al Gobierno suizo a cambiar de rumbo su política económica de “ver, oír y callar”, apoyada en un marco legislativo que protegía el secreto bancario y, por tanto, al clan de los líderes corruptos. El vicepresidente del Consejo Asesor de Derechos Humanos de la ONU, Jean Zigler, calcula que, “de los 618.000 millones de haberes extranjeros en Suiza, 192.000 millones provienen de los países de Asia, América Latina y África. En el 90% de los casos, se trata de dinero robado a los pueblos más pobres del planeta”.
Desde hace una década, más o menos, la presión internacional llevó a las autoridades helvéticas a poner ciertas limitaciones a los tiranos que querían recuperar el caudal allí depositado. En algunos casos, como el del dictador Marcos en Filipinas o Abacha en Nigeria, funcionó. Así, Suiza ha devuelto ya cerca de 1,6 billones de dólares a los Estados damnificados, lo que supone la mitad de los retornos hechos por paraísos fiscales. Sin embargo, las argucias legales permitieron, por ejemplo, que la familia del fallecido presidente de Zaire, Mobutu Sese Seko, se hiciera sin problema alguno con los seis millones de euros que depositó en los bancos del país, ante la falta de denuncias a su entorno.
Una ley restrictiva
Hechos como este parecen tener los días contados, desde que el pasado febrero entró en vigor la “Ley Duvalier” o Ley Federal para la Restitución de Valores Patrimoniales de Origen Ilícito de Personas Políticamente Expuestas. La nueva norma permite bloquear y confiscar el dinero líquido a toda aquella persona con cierta trascendencia pública que tenga una cuenta en Suiza; no solo a los rostros visibles de los dictadores, sino también a ministros, militares, empresas estatales, partidos políticos y altos funcionarios. Y todo, sin necesidad de que medie un proceso judicial en el país de origen, sin prescripción de los delitos y con la exigencia de que los propietarios de esos capitales prueben que los han ganado de forma legítima. Solo basta con una sospecha firme de corrupción avalada por alguna autoridad o investigación de peso. “Hay muchos Estados que no están en condiciones de enjuiciar a estos delincuentes. Para evitar que por este motivo el dinero vaya de nuevo a manos de quienes lo robaron o de sus familias, hemos creado esta ley, que busca que esas sumas regresen a los ciudadanos y no se pierdan por canales desconocidos”, explica Valentín Zellveger, presidente de la Dirección Suiza de Derecho Internacional.
El “sobrenombre” de la ley se toma precisamente de uno de los casos de manual que puede ser aplicable a los mandatarios que ahora se ven contra las cuerdas. Se trata del caso del ex dictador haitiano Jean Claude Duvalier, al que se congelaron las cuentas desde 1986, las cuales sumaban más de 3,9 millones de euros, un pellizco de los más de 615 millones que arrancó del país más empobrecido de América. Con el anterior marco legislativo, Suiza tendría que haber devuelto el dinero a Duvalier por haber prescrito sus delitos. Ahora deberá probar que sus bienes fueron obtenidos de forma legítima.
Cabría pensar que la Ley Duvalier podría enmendar gran parte del daño causado. Sin embargo, como ocurre también en los países occidentales –véase la Operación Malaya en España–, resulta harto complicado que el dinero robado revierta de nuevo en el pueblo, dado el complejo entramado de sociedades que se utilizan para desviar los fondos, que dificulta su localización, y la lentitud de los procesos judiciales. Hasta la fecha, Suiza ha devuelto 1.350 millones de euros “robados” a países como Perú, Filipinas, Nigeria –el dictador Sani Abacha se llevó 700 millones– o Angola.
La propia ley suiza parece tener una laguna, según denuncia Alianza Sur, en un párrafo que prevé la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso con el delincuente. “Hasta ahora no ha funcionado ningún intento de conciliación, solo se ha utilizado como táctica dilatoria. Durante las negociaciones, los ex dictadores solo pedían más dinero, para luego interrumpir las conversaciones y poder ganar tiempo hasta que se cumpliera el plazo de prescripción”, advierte el portavoz de la ONG, Mark Herkenrath, mientras el Ministerio de Exteriores insiste en que se trata de un procedimiento excepcional.
Tampoco se presenta como la panacea la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas de 2003, que han ratificado 148 países. Entre otras cosas, porque fuera se han quedado naciones como Siria, Arabia Saudí o Alemania –donde guarda su herencia la familia del fallecido líder indonesio Suharto, uno de los pioneros en el desvío de fondos públicos–. Y es que falta mucha voluntad internacional para que los llamados “cleptócratas” rindan cuentas. Occidente prefiere mirar para otro lado, aunque solo sea porque estos líderes autocráticos suelen tener en su mano uno de los bienes más preciados en las economías desarrolladas: el petróleo. En el caso de Libia, por ejemplo, genera 1,8 millones de barriles al día. Baste ver la actuación de la ministra francesa de Exteriores, Michèle Alliot-Marie, al intentar hacer la vista gorda con el defenestrado mandatario tunecino: su amabilidad con Ben Alí le costó el puesto. Y es que, como denunciaba el Pontificio Consejo “Justicia y Paz” en el documento que publicó al respecto de estos abusos en 2006, “la babel de los estilos de vida puede debilitar el juicio moral sobre la corrupción. La pérdida de los confines internos y externos en estas sociedades puede facilitar la exportación de la corrupción”.
Se llama Carlos Slim. Entre otras empresas, es propietario de la principal compañía telefónica mexicana, Telmex, y de la multinacional fabricante de los cigarrillos Marlboro. Su buen ojo como empresario le ha convertido en el hombre más rico del planeta. Así lo atestigua el tradicional ranking de la revista Forbes, que reconoce además su capacidad para generar dinero incluso en tiempos de crisis, pues entre 2008 y 2010 su fortuna aumentó de 11.100 a 36.500 millones de euros...
Pero quizá Forbes se equivoque y Slim no sea el más acaudalado de la Tierra. Tampoco el propietario de Zara, Amancio Ortega, ni tan siquiera Bill Gates, el gurú de Microsoft. Por encima de estos emprendedores que han logrado despuntar por su habilidad para las inversiones, su mirada visionaria en la industria textil o su pericia en la informática, se encontraría un clan de dictadores que han amasado fortunas con una lista interminable de ceros, a costa de sumir a pueblos enteros en la pobreza. Sus nombres son aún más familiares que los anteriores. Jean Claude Duvalier en Haití, Robert Mugabe en Zimbabue, Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial, Zine el Abidine Ben Alí en Túnez, Omar al-Bashir en Sudán, Hosni Mubarak en Egipto, Laurent Gbagbo en Costa de Marfil... Algunos han entrado ya en las enciclopedias bajo el epígrafe de “cleptócratas”, como ocurre con Suharto, Reza Palevi, Husein, Mobutu o Milosevic.
Precisamente han sido esa querencia por el blanqueo de capitales, la malversación de bienes públicos y la corrupción generalizada en sus respectivos países de origen algunos de los desencadenantes de la oleada de protestas populares que se han producido desde comienzos de este año y que ya han acabado con los Gobiernos de Túnez y Egipto, y tienen contra las cuerdas, entre otros, al régimen libio. “El reino de la corrupción y del clientelismo ha destruido mucha buena voluntad”, explica Vincent Landel, arzobispo de Rabat y presidente de la Conferencia Episcopal Regional del Norte de África.
El Banco Mundial calcula que cada año los gobernantes corruptos se apropian de entre 14.700 y 29.400 millones de euros de las arcas públicas; un saqueo que se ceba especialmente con África, Medio Oriente y Latinoamérica. Esta cuantía se correspondería con el 20 y 40% del presupuesto anual de ayuda al desarrollo de la ONU. En el caso del continente negro, el dinero que vuela en manos de sus responsables políticos supone la cuarta parte de las arcas públicas de todos los países que lo forman. Así las cosas, y por poner un ejemplo, la organización Transparencia Internacional denuncia y detalla cómo el presidente tunecino derrocado, Zine el Abidine Ben Alí, controlaba hasta el pasado enero entre el 30 y el 40% de la economía del país norteafricano.
Las revoluciones en los países árabes han derrocado a algunos de estos dirigentes corruptos. Bastante más complicado resulta echarles el guante para que todo el dinero que se ha exiliado con ellos vuelva y revierta en beneficio del pueblo que desvalijaron. Los propios analistas económicos encuentran dificultades para calcular el expolio cometido en cada caso, debido a que este dinero permanece escondido en paraísos fiscales, está repartido entre toda su familia o camuflado a través de sociedades fantasma. Es el caso del ex presidente egipcio Hosni Mubarak, que estuvo al frente del país durante tres décadas, hasta que el pasado 11 de febrero renunció a su cargo debido a la presión social. Las cifras se mueven, según el cálculo de los especialistas, entre los 20.600 y 48.000 millones de euros.
Blanqueo en familia
Lo cierto es que solo las cuentas que la familia de Mubarak tenía en el Banco Nacional Suizo –el Ejecutivo de este país decidió congelarlas a finales de 2009– guardan 2.400 millones de euros, a lo que habría que sumar las cantidades escondidas en otros paraísos fiscales, apartamentos de lujo, palacios, tierras de cultivo y diversos bienes en Reino Unido y Estados Unidos. Ahora, encarcelado junto a sus dos hijos, se enfrenta a un juicio por abuso de poder y enriquecimiento ilícito, después de que la Agencia Tributaria egipcia haya constatado, en apenas unas semanas, que su fortuna no coincide con lo que la familia declaraba al fisco.
Este afán de acumular por parte del faraón caído se traduce en excentricidades en el caso del libio Muamar el Gadafi, de quien se dice que podría tener un capital que se movería en torno a los 117.000 millones de euros, toda vez que, solo en el fondo de inversiones Libyan Investment Authority, su familia controla unos 38.300 millones y que Estados Unidos les ha congelado unos 13.700 millones. Se trata de la mayor intervención en materia económica que el Ejecutivo norteamericano ha llevado a cabo en su historia. A esto hay que unir que Reino Unido también les ha congelado 55.000 millones de euros; Italia, 4.800 millones; Austria, 820 millones; Suiza, 435 millones; y Alemania, 340 millones.
Con este capital, resulta fácil comprender que, una y otra vez, Gadafi proclame en sus discursos soberanistas aquello de “yo soy Libia”, teniendo en cuenta que la economía del país está literalmente en manos de los suyos, utilizando el derroche y la distinción como símbolos de poder ante su pueblo y el mundo. Más que conocido es el tren de vida que lleva su hijo Mutassim, que pasa por veranear en la isla de San Bartolomé y contar un día sí y otro también con fiestas privadas en las que actúan, para una decena de personas, artistas como Mariah Carey, Beyoncé o Bon Jovi. Aunque quizá el episodio más rocambolesco sea el vivido por el menor de sus hijos, Hanibal, en Suiza en el verano de 2008, cuando fue detenido en Ginebra por agredir a dos empleados de un hotel. El suceso desencadenó una crisis diplomática tal que llevo a la detención “porque sí” de dos empresarios suizos que se encontraban en Libia y a desviar todas sus “ganancias” a otros enclaves; especialmente a Italia, donde el líder libio cuenta con participaciones en empresas como FIAT (2%), el equipo de la Juventus (7,5%) y la petrolera ENI (1%). La obsesión por repartirse la fortuna antes de tiempo llevó a los herederos de Gadafi a tal enfrentamiento que en los memorandos de la diplomacia estadounidense, interceptados por WikiLeaks, se reconoce que los ocho vástagos del dictador viven inmersos en unas “guerras internas” tales que “proporcionan a los observadores locales los cotilleos suficientes para hacer una telenovela”.
En esta misma línea de familiares aferrados al dinero ajeno estaría Leila Trabelsi, mujer del derrocado presidente de Túnez, Ben Alí. Antes de iniciar una huida a matacaballo del país, le dio tiempo a pasar por el Banco Central y llevarse en el equipaje 1,5 toneladas de oro en lingotes. ¿Su destino? Desconocido, si bien los dictadores suelen mirar a países como las Islas Caimán, Luxemburgo o Suiza cuando ya no pueden esconder el dinero bajo la almohada. O mejor dicho, “solían mirar”. Y es que las continuas críticas a este último país por ser cómplice de estos dictadores han llevado al Gobierno suizo a cambiar de rumbo su política económica de “ver, oír y callar”, apoyada en un marco legislativo que protegía el secreto bancario y, por tanto, al clan de los líderes corruptos. El vicepresidente del Consejo Asesor de Derechos Humanos de la ONU, Jean Zigler, calcula que, “de los 618.000 millones de haberes extranjeros en Suiza, 192.000 millones provienen de los países de Asia, América Latina y África. En el 90% de los casos, se trata de dinero robado a los pueblos más pobres del planeta”.
Desde hace una década, más o menos, la presión internacional llevó a las autoridades helvéticas a poner ciertas limitaciones a los tiranos que querían recuperar el caudal allí depositado. En algunos casos, como el del dictador Marcos en Filipinas o Abacha en Nigeria, funcionó. Así, Suiza ha devuelto ya cerca de 1,6 billones de dólares a los Estados damnificados, lo que supone la mitad de los retornos hechos por paraísos fiscales. Sin embargo, las argucias legales permitieron, por ejemplo, que la familia del fallecido presidente de Zaire, Mobutu Sese Seko, se hiciera sin problema alguno con los seis millones de euros que depositó en los bancos del país, ante la falta de denuncias a su entorno.
Una ley restrictiva
Hechos como este parecen tener los días contados, desde que el pasado febrero entró en vigor la “Ley Duvalier” o Ley Federal para la Restitución de Valores Patrimoniales de Origen Ilícito de Personas Políticamente Expuestas. La nueva norma permite bloquear y confiscar el dinero líquido a toda aquella persona con cierta trascendencia pública que tenga una cuenta en Suiza; no solo a los rostros visibles de los dictadores, sino también a ministros, militares, empresas estatales, partidos políticos y altos funcionarios. Y todo, sin necesidad de que medie un proceso judicial en el país de origen, sin prescripción de los delitos y con la exigencia de que los propietarios de esos capitales prueben que los han ganado de forma legítima. Solo basta con una sospecha firme de corrupción avalada por alguna autoridad o investigación de peso. “Hay muchos Estados que no están en condiciones de enjuiciar a estos delincuentes. Para evitar que por este motivo el dinero vaya de nuevo a manos de quienes lo robaron o de sus familias, hemos creado esta ley, que busca que esas sumas regresen a los ciudadanos y no se pierdan por canales desconocidos”, explica Valentín Zellveger, presidente de la Dirección Suiza de Derecho Internacional.
El “sobrenombre” de la ley se toma precisamente de uno de los casos de manual que puede ser aplicable a los mandatarios que ahora se ven contra las cuerdas. Se trata del caso del ex dictador haitiano Jean Claude Duvalier, al que se congelaron las cuentas desde 1986, las cuales sumaban más de 3,9 millones de euros, un pellizco de los más de 615 millones que arrancó del país más empobrecido de América. Con el anterior marco legislativo, Suiza tendría que haber devuelto el dinero a Duvalier por haber prescrito sus delitos. Ahora deberá probar que sus bienes fueron obtenidos de forma legítima.
Cabría pensar que la Ley Duvalier podría enmendar gran parte del daño causado. Sin embargo, como ocurre también en los países occidentales –véase la Operación Malaya en España–, resulta harto complicado que el dinero robado revierta de nuevo en el pueblo, dado el complejo entramado de sociedades que se utilizan para desviar los fondos, que dificulta su localización, y la lentitud de los procesos judiciales. Hasta la fecha, Suiza ha devuelto 1.350 millones de euros “robados” a países como Perú, Filipinas, Nigeria –el dictador Sani Abacha se llevó 700 millones– o Angola.
La propia ley suiza parece tener una laguna, según denuncia Alianza Sur, en un párrafo que prevé la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso con el delincuente. “Hasta ahora no ha funcionado ningún intento de conciliación, solo se ha utilizado como táctica dilatoria. Durante las negociaciones, los ex dictadores solo pedían más dinero, para luego interrumpir las conversaciones y poder ganar tiempo hasta que se cumpliera el plazo de prescripción”, advierte el portavoz de la ONG, Mark Herkenrath, mientras el Ministerio de Exteriores insiste en que se trata de un procedimiento excepcional.
Tampoco se presenta como la panacea la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas de 2003, que han ratificado 148 países. Entre otras cosas, porque fuera se han quedado naciones como Siria, Arabia Saudí o Alemania –donde guarda su herencia la familia del fallecido líder indonesio Suharto, uno de los pioneros en el desvío de fondos públicos–. Y es que falta mucha voluntad internacional para que los llamados “cleptócratas” rindan cuentas. Occidente prefiere mirar para otro lado, aunque solo sea porque estos líderes autocráticos suelen tener en su mano uno de los bienes más preciados en las economías desarrolladas: el petróleo. En el caso de Libia, por ejemplo, genera 1,8 millones de barriles al día. Baste ver la actuación de la ministra francesa de Exteriores, Michèle Alliot-Marie, al intentar hacer la vista gorda con el defenestrado mandatario tunecino: su amabilidad con Ben Alí le costó el puesto. Y es que, como denunciaba el Pontificio Consejo “Justicia y Paz” en el documento que publicó al respecto de estos abusos en 2006, “la babel de los estilos de vida puede debilitar el juicio moral sobre la corrupción. La pérdida de los confines internos y externos en estas sociedades puede facilitar la exportación de la corrupción”.
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