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miércoles, 6 de abril de 2011

Los nuevos “sin techo”


Por JOSÉ LUIS CORRETJÉ
Publicado por Alandar

El sueño del despilfarro se hizo añicos abruptamente y, con él, la esperanza de lograr una casa digna que habitar. Para la mayoría de la población de este país, acceder a una vivienda en abril de 2011 se ha convertido en un lujo. Los datos no dejan lugar a dudas: la edad media de emancipación del hogar familiar de los jóvenes españoles se acerca a los 35 años y, cuando consiguen tener piso, la mayoría debe destinar más de un 60% de su salario (mileurista, en buena parte de los casos) al pago del alquiler o de la hipoteca. Más de tres millones de casas están desocupadas y 100.000 personas sufrieron en 2010 en carne propia qué es un desahucio por no poder hacer frente al pago de la hipoteca. ¿Seguimos?

La crisis del ladrillo ha sumergido a España en los últimos años en una sima oceánica que nos regalado el dudoso honor de batir todas las marcas de destrucción de empleo. La burbuja inmobiliaria, fenómeno que sufrimos todos y por el que se han estado vendiendo casas por un valor muy superior al real, ha sido una de las causas principales del estado de caos e injusticia en el que nos encontramos. En 2004 el Banco de España situaba la sobrevaloración en el 20% y The Economist en el 52%. El Gobierno y la mayoría de los que mandaban algo en este país se empeñaron en negar la mayor. “Es como lo que pasaba en los años noventa cuando alguien se refería a la especulación inmobiliaria: se le tachaba de izquierdista trasnochado y se le decía que, con los Ayuntamientos democráticos, ya no existía la especulación”, afirmaba el arquitecto Josep Maria Montaner, en un artículo publicado por EL PAÍS en diciembre de 2010.

En las dos décadas pasadas, hemos contemplado sin abrir la boca cómo miles de millones de euros aterrizaban en los bolsillos de quienes manejaban los hilos de este sucio negocio. Tampoco nos hemos inmutado al enterarnos en los medios de comunicación de cómo los miembros de los consejos de administración de bancos y constructoras recibían, además de sus sueldos millonarios, abultados incentivos anuales que permitirían vivir a miles de familias hasta el fin de sus días.

Frente a la palabrería con la que se ha ocultado este escándalo, la web de V de Vivienda, un movimiento social nacido en 2006, lo describía sin rodeos: “España sufre un mercado controlado por un oligopolio de propietarios del suelo, promotoras, constructoras y políticos corruptos que se forran a costa de hipotecar y atar a la precariedad a millones de vidas de por vida, obligadas a aceptar condiciones de esclavitud del siglo XXI en el intento de desarrollar su proyecto vital”.

Derecho a techo

El acceso a una vivienda digna, un derecho constitucional reconocido en el artículo 47 de nuestra Carta Magna, ya no es sino papel mojado. Sólo unos pocos han levantado su voz para tratar de cambiar una situación que clama al cielo. En 2006 surge el Movimiento por una Vivienda Digna, que se lanza a la calle con sentadas, manifestaciones y acciones imaginativas que tuvieron un cierto reflejo en los medios de comunicación. Miles de jóvenes, desde la creatividad y el compromiso, quisieron hacer visible uno de los grandes escándalos que sufre un país al que sus políticos describen como Estado social y democrático de derecho.

Una de las principales reivindicaciones de este movimiento era que las administraciones públicas obligaran a quienes especulan con el precio de la vivienda, disponiendo de pisos vacíos, a que los pusieran en circulación. De ese modo aumentaría la posibilidad de alquilar a un precio más razonable: si aumenta la oferta, los arriendos deberían ser más baratos. La presión, no obstante, no debe ir sólo dirigida hacia los rentistas. Los bancos, que son los principales propietarios de viviendas (tanto porque invirtieron en ladrillo, como porque se quedan con cientos de miles de clientes que contrataron hipotecas con ellos y que no pueden pagarlas ahora) prefieren esperar tiempos mejores en los que airear su parquet inmobiliario. Los datos que describen la situación proceden de una fuente nada sospechosa. El Banco de España, en su boletín económico de diciembre de 2010, estima que en el tercer trimestre de 2010 el stock de vivienda sin vender se situaría entre 700.000 y 1,1 millones de viviendas, lo que representa entre el 2,8% y el 4,6% del parque estimado de vivienda existente en España.

Tanto el Parlamento vasco como el catalán acaban de votar leyes de vivienda que contienen artículos en los que se penalizará a quienes se empeñen en especular poseyendo viviendas que permanezcan vacías durante años. La ley aprobada por el Parlament sostiene que, en el caso del propietario de un piso que lleve desocupado un periodo de dos años sin causa justificada y que se encuentre en una zona de alta demanda residencial, la Administración podrá obligarle a que alquile de forma forzosa durante un periodo de, como máximo, seis años. "No estamos hablando de que se actúe contra gente que tiene una o dos viviendas vacías, sino contra grupos de presión que tienen cientos de viviendas vacías", aseguraba a Público Daniel Jiménez, ex portavoz de la Asociación V de Vivienda. "Son los que han ocasionado el problema de la vivienda en nuestro país, que es el de la Unión Europea que más viviendas vacías tiene", concluía. Las propuestas legislativas de Cataluña y de Euskadi pretenden, también, revertir la tendencia enfermiza que tiene este país por elegir la opción de compra frente a la de alquiler. El porcentaje de vivienda en propiedad en España se sitúa en el 92% frente al 6% de alquiler, unas cifras que en la mayoría de los países de la UE son a la inversa.

Luces en la oscuridad

Afortunadamente, además de las protestas en la calle, que han acabado desapareciendo, se ha abierto la vía judicial y, tímidamente, la política. En los tribunales destaca la iniciativa de un juez de Sabadell que acaba de presentar ante el Tribunal Constitucional sus dudas sobre el modelo hipotecario español por considerar que las leyes que hoy regulan los desahucios vulneran tanto la tutela judicial efectiva de los ciudadanos embargados como el “derecho a una vivienda digna”, que reconoce la Constitución en su artículo 47.

La apuesta por la construcción de vivienda pública, pese a sufrir un parón en los dos últimos años, encuentra oasis en algunas comunidades autónomas (Cataluña, Euskadi y Navarra, principalmente) y en los planes de algunos ayuntamientos. El de Rivas Vaciamadrid (con alcalde de IU) es un modelo que ya sirve de espejo para otros muchos municipios españoles. Gracias al modo en que negocia con los promotores y propietarios de suelo la concesión de las licencias, ha logrado convertirse en el principal propietario de terrenos de la ciudad. El resultado ha sido que, en las dos últimas legislaturas, se han entregado en Rivas 1.600 pisos de promoción pública construidas por la EMV local, a un precio mucho más bajo y manteniendo la calidad de las mejores urbanizaciones privadas. “El secreto”, afirma José Ramón Martínez Perea, concejal de Política Territorial, “está en que las plusvalías reviertan en la ciudadanía”. Así, mientras que la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid sólo impone que los promotores de nuevas vivienda cedan al Ayuntamiento un 5% del suelo, en Rivas se ha llegado a conseguir la cesión de un 20% en suelo residencial y hasta un 60% en industrial.


WebJCP | Abril 2007